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El legado de López: el asesinato de un activista pone de relieve la impunidad en Honduras (Parte 2)

New evidence recently emerged of government corruption in Honduras; now innocent people are being killed for it.

By Josh Leach on September 25, 2024

Recientemente han surgido nuevas pruebas de la corrupción gubernamental en Honduras; ahora, personas inocentes están siendo asesinadas por ello.

Después de que el 14 de septiembre se conociera la noticia del terrible asesinato del defensor de los derechos humanos hondureño Juan Antonio López, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se pronunció en las redes sociales para condenar el asesinato. Describió acertadamente el asesinato de López como un “vil asesinato”, y se comprometió a “identificar a los responsables”.

Sin embargo, por muy alentadora que sea esta respuesta, miembros del círculo íntimo de Castro están implicados en los acontecimientos que condujeron a la muerte de López. Si Castro realmente cree en lo que dice, debe tomar medidas para erradicar la corrupción en su propio partido y en toda la sociedad hondureña.

Un video con implicaciones inquietantes

Xiomara Castro llegó al cargo con el compromiso de poner fin a la corrupción y la impunidad que mancharon el mandato del presidente anterior, Juan Orlando Hernández (mejor conocido en Honduras por sus iniciales “JOH”). La administración de este último se vio implicada en repetidas ocasiones en casos de corrupción a alto nivel y tácticas autoritarias; el propio JOH incluso fue condenado por tráfico de drogas en los Estados Unidos, después de dejar el cargo. Castro prometió pasar página de este legado manchado.

Sin embargo, la sinceridad de su promesa quedó en entredicho en las últimas semanas, tras la reaparición de un video de hace una década en el que aparecían altos cargos del propio partido político de Castro haciendo un trato con narcotraficantes. Entre las personas que aparecían en el video se encontraba el cuñado de Castro, Carlos Zelaya (que desde entonces ha renunciado a su cargo en el gobierno).

Es preocupante que Castro también haya cancelado un antiguo tratado de extradición con los Estados Unidos, poco antes de la publicación del video. Se trata del mismo tratado que los funcionarios hondureños utilizaron para procesar a JOH por tráfico de drogas. La decisión de Castro de rescindirlo, poco antes de que saliera a la luz información que implicaba a su familia, pone en duda de que vaya a poner fin a la corrupción que desde hace tiempo asola a la política hondureña.

Un asesinato en Tocoa

Estos eventos pueden parecer muy alejados del trabajo de Juan Antonio López, cuya carrera como defensor de los derechos humanos también lo había llevado a enfrentarse a poderosos intereses mineros en Tocoa. Sin embargo, los eventos que condujeron a su asesinato están en realidad íntimamente relacionados con el video de 2013.

López era miembro del partido Libre, de Castro. Pero tras la publicación del video, se había pronunciado públicamente contra la corrupción en su gobierno, y había pedido la dimisión de los funcionarios que aparecían en él. Uno de estos funcionarios era Adán Fúnez, actual alcalde de Tocoa por el Partido Libre.

El alcalde Fúnez se había enfrentado anteriormente a López y a otros defensores del medioambiente en Tocoa, debido a su apoyo al proyecto de minería ilegal al que se oponen nuestros compañeros hondureños. Su papel en el video fue el último de varios indicios de corrupción y abuso de poder por su parte. Por ello, López pidió públicamente su dimisión. Solo tres días después, López fue asesinado.

El encubrimiento continúa

Tras la muerte de López, hay indicios preocupantes de que intereses poderosos están tomando medidas para evitar que los verdaderos perpetradores comparezcan ante la justicia. A pesar de la promesa de Castro de llevar a cabo una investigación honesta, su gobierno ha nombrado hasta ahora a un equipo que tiene un flagrante conflicto de intereses en el caso. En concreto, la investigación estará a cargo de la fiscalía de Tocoa: la misma oficina que criminalizó injustamente a López y al otro defensor del agua de Guapinol.

Mientras tanto, otras personas que han denunciado la corrupción del alcalde Fúnez han sufrido represalias en circunstancias no menos sospechosas. Carlos Orellana, un párroco de Tocoa, condenó el asesinato de López en su servicio religioso esta semana y culpó a Fúnez de haberlo cometido. Poco después, la fiscalía confiscó su teléfono y lo citó para interrogarlo.

Xiomara Castro aún tiene la oportunidad de hacer verdaderos progresos en la lucha contra la corrupción en Honduras, pero nombrar a los mismos funcionarios corruptos para investigar a miembros de su círculo íntimo no es la manera de hacerlo. Tiene que permitir una investigación completa, independiente y exhaustiva, y hacer que todos los implicados en el asesinato rindan cuentas, por más poderosos que sean.

Nuestros compañeros en Honduras han explicado los pasos que pueden tomar las autoridades para lograr una verdadera rendición de cuentas por el asesinato de López. Castro y sus funcionarios pueden asumir la responsabilidad de cumplir con estas demandas. Para lograrlo, sin embargo, deben considerar cuál quieren que sea su legado. ¿Quieren ser recordados como la administración que pasó página a la corrupción de JOH o como personas que resultaron no ser más honestas que los delincuentes a quienes reemplazaron?

Estados Unidos apoyó el golpe de 2009 que llevó a JOH al poder y ha ignorado en gran medida el Bajo Aguán. La embajadora de Honduras, Laura Dogu, dijo en 2022 que Estados Unidos estaba “muy preocupado” por las denuncias de las corporaciones sobre “invasión de tierras”, pero en realidad se trataba de “campesinos” que reclamaban tierras que les habían robado las transnacionales.

Este lenguaje significaba un apoyo tácito de Estados Unidos a la violencia contra los defensores de la tierra. La Plataforma Agraria del Bajo Aguán emitió un comunicado de prensa al mismo tiempo advirtiendo sobre una campaña coordinada para asesinar a los líderes campesinos. Dogu tiene relaciones con bancos e intereses comerciales en Honduras y no se pronuncia lo suficiente sobre lo que está ocurriendo, a pesar de que tiene mucha influencia. Los mercados estadounidenses de aceite de palma y plátanos, y las “maquilas” (fábricas) transnacionales están destruyendo la tierra hondureña y matando a personas.

UUSC seguirá de cerca este caso y exigirá justicia para Juan López. Puede unirse a nosotros y recibir actualizaciones periódicas al registrarse aquío participar en nuestra campaña en las redes sociales para exigir justicia a los responsables políticos de los EE. UU. y a los funcionarios del gobierno hondureño.

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